(Con María Mercedes Gómez en alternos)
El 7 de mayo, el Tribunal Constitucional del Perú emitió un fallo que pone en evidencia el desconocimiento de los asuntos trans en Latinoamérica. El Tribunal negó a una mujer que ya había cambiado legalmente de nombre, la posibilidad de registrar su sexo en el documento nacional de identidad. Con esto, condenó a la mujer –identificada como P.E.M.M.– y por extensión a todas las personas trans, a vivir bajo el riesgo permanente de ser víctimas de violencia y discriminación.
Seamos clar*s: por orden del máximo tribunal del Perú, P.E.M.M. tendrá que declararse trans en situaciones de supervivencia diaria porque su documento la registra con sexo masculino, mientras lleva aspecto y nombre de mujer. En países como el Perú, el documento de identidad es necesario para acceder a los servicios básicos de salud, educación, trámites bancarios y atención policial, entre otros; por eso, la decisión que nos ocupa expone a esta mujer a la constante violación de su privacidad, a la discriminación y a la violencia. En la región con mayor número de asesinatos de personas trans en el mundo, la sentencia en el caso P.E.M.M. es, en la práctica, una potencial condena a muerte.
Desgraciadamente, las autoridades peruanas no son las únicas en demostrar incomprensión e intolerancia en América Latina. En Colombia, organizaciones como Colombia Diversa, Santamaría Fundación y Caribe Afirmativo reportan frecuentes asesinatos de mujeres trans sumidos en la impunidad, y múltiples formas de abuso policial dirigidos en particular a quienes se dedican al trabajo sexual, o a quienes son percibidas como trabajadoras sexuales por el simple hecho de ser trans. Hay pocos procesos, mucho menos detenidos, y miopía en la recolección de datos por parte del Estado. Lo que sabemos, lo sabemos, ante todo, por la documentación que hacen los defensores de derechos humanos. En consecuencia, el asesinato de personas trans es el crimen perfecto, porque no importa cuán brutal y común sea, es con la misma frecuencia invisible.
Las reiteradas omisiones a investigar estos delitos y la violación de los derechos humanos de las personas trans han hecho parte de la información presentada ante los comités de derechos humanos y de mujeres de las Naciones Unidas por varias organizaciones de la sociedad civil entre ellas la Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbians (IGLHRC). Nuestra información prueba que los Estados han fallado en reconocer, atender y solucionar la violación de los derechos de las personas trans. Algunos Estados insisten en patologizar la identidad de género como una condición médica para acceder a los derechos fundamentales; otros crean obstáculos en los procesos de registro civil y emisión de documentos de identidad y, por lo tanto, niegan el acceso a servicios fundamentales. En América Latina parece ignorarse la terrible lección del siglo XX, que nos enseña que a las atrocidades contra una población específica preceden la estigmatización y la privación efectiva de la ciudadanía.
Sin embargo, también hay gestos de esperanza. Por ejemplo, en el mencionado caso peruano, la burda opinión de la mayoría contrasta con el salvamento de voto, pues, éste muestra la predisposición y los estereotipos en los que se basa la decisión y reitera el derecho de las personas a auto-definirse.
En Argentina hay un esfuerzo pionero en los derechos trans e intersexuales, a pesar de alguna ambigüedad en las protecciones legales con respecto a l*s menores trans. En mayo de 2012, la Argentina emitió la primera ley de identidad de género en la región. En junio de este año, el Congreso de Chile tendrá su debate final sobre un proyecto de ley similar. La ley argentina asegura que las personas adultas puedan definir su identificación de género de manera autónoma y sin someterse para hacerlo a la patologización de los discursos médicos o a la discrecionalidad del Estado a través de los funcionarios judiciales. Avances de este tipo no transforman de manera inmediata los prejuicios sociales, ni eliminan automáticamente la violencia, pero aseguran ciertos derechos y ayudan a construir una sociedad más justa.
Estos procesos legislativos, el activismo de los defensores de derechos humanos, y el valiente voto de la minoría en el Tribunal peruano, son avances fundados en el reconocimiento de nuestra humanidad compartida. Son –qué duda cabe- puntos de luz en un panorama de intolerancia y violencia. Es una tarea constante hacer que crezcan y derroten las sombras.